Ciudad de México.-En el foro “Análisis sobre alcances y perspectivas del componente de
Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol-
PROMAF”, diputados, funcionarios y campesinos se manifestaron por
rediseñar las reglas de operación de este programa, toda vez que existen
sobrerregulación y malos manejos de los recursos.
El secretario de la Comisión de Desarrollo Rural, diputado Noé Barrueta
Barón (PRI), hizo votos para que en el presupuesto 2014 el gobierno
federal destine mayores recursos a los productores de maíz y frijol, ya
que los apoyos son insuficientes y “no les están llegando”.
Denunció que hay quejas sobre vicios y mal manejo de los programas, por
lo que este foro permite hacer un análisis del funcionamiento del PROMAF
y de sus reglas de operación, dado que es el proyecto de mayor
incidencia para los productores de maíz y frijol.
Informó que se hará llegar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) un documento donde se
plantean las inquietudes de los productores para tener un mayor acceso a
los recursos y así mejorar el marco normativo del programa.
Barrueta Barón refirió que para 2013, el Instituto Nacional para el
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C (INCA rural) ya autorizó
cinco millones de pesos (mdp) para el PROMAF, por lo que se iniciará la
capacitación en próxima fecha.
Resaltó que a través del PROMAF en la vertiente de baja escala de
autoconsumo, apoyo para insumos y transición, se han tramitado alrededor
de 80 mil hectáreas en cinco estados del país, lo que representa un
aproximado de 172 millones de pesos.
El director general de Fomento Agrícola de la Sagarpa, Jorge Condo
López, resaltó que desde 2007 a la fecha los recursos del PROMAF se han
reducido, pues inició con 3 mil millones de pesos (mdp) y en 2013
alcanzan solamente 770 mdp.
Ante ello, pidió a la Cámara de Diputados que en el análisis, discusión y
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2014 “decida
si aumenta el monto del PROMAF o lo sigue reduciendo”.
Se manifestó por focalizar los apoyos para los productores de maíz, ya
que se prevé importar 25 millones de toneladas, lo que representa el 45
por ciento de lo que se consume; “de no apuntalar su cosecha, en 30
años se importará entre el 85 y 90 por ciento de lo que comemos a pesar
de tener potencial en el sureste del país”.
Reconoció que hay sobrerregulación, burocratismo y complejidad en la
aplicación del PROMAF, por lo que se pronunció para que el Legislativo y
la Sagarpa encuentren opciones que lo rediseñen y simplifiquen sus
reglas de operación.
En México, dijo, la nueva lucha campesina está orientada al acceso más
fácil de los recursos, dado que el 75 por ciento de los campesinos
registrados en el programa más importante del gobierno federal
–Procampo- tienen menos de cinco hectáreas.
Del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la
Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, el
investigador Francisco López Bárcenas destacó que el PROMAF contribuye a
la seguridad alimentaria y fortalece la competitividad de los
productores.
Añadió que constitucionalmente se debe fortalecer la soberanía de la
nación y garantizar la seguridad alimentaria. “El PROMAF no es cualquier
programa porque beneficia a la población, dado que en México muchas
personas no pueden acceder a los alimentos”.
En tanto, productores del Estado de México, Jalisco, Guanajuato,
Sinaloa, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo,
Chiapas, Michoacán y Tamaulipas solicitaron a diputados y funcionarios
rediseñar las reglas de operación del PROMAF, ya que los apoyos “no
llegan a tiempo, benefician a unos cuantos y, en ocasiones, hay
desvíos”.
Denunciaron que Financiera Rural obstaculiza la entrega de los recursos
por una sobrerregulación de las reglas de operación, por lo que es
necesario mejorar la fiscalización de los apoyos y emprender una
política pública que genere mejores condiciones para los campesinos de
baja escala, es decir, de una a cinco hectáreas.
Plantearon que la agricultura pase de la subsistencia a la rentabilidad y
pidieron analizar la situación de los agroquímicos, ya que desde hace
más de dos años no se actualizan, cuando países como Estados Unidos y
Canadá ya prohíben algunas sustancias.
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