Ciudad de México.-La Comisión de Justicia recibió este
viernes a 11 candidatos para sustituir a Jorge Efraín Moreno Collado en
el Consejo de la Judicatura Federal, quien concluye su encargo el
próximo 30 de noviembre.
A preguntas
de los senadores Arely Gómez, Graciela Ortiz González y Arturo Zamora
Jiménez, del PRI; Roberto Gil Zuarth, del PAN; Manuel Camacho Solís,
Dolores Padierna Luna y Benjamín Robles Montoya, del PRD, y Carlos
Alberto Puente Salas, del PVEM, los aspirantes abordaron temas como el
caso Paulette y la implementación de la reforma en materia de derechos
humanos y del nuevo sistema penal acusatorio.
En su exposición, Gildardo Galinzoga
Esparza aseguró que a un año y medio de la reforma constitucional en
materia de derechos humanos, aún hay tribunales colegiados y jueces
federales que “no la han aplicado una sola vez” y en nada beneficia “el
desgaste de recursos económicos” si ésta no se aterriza en sentencias
judiciales.
Para Juan Luis González
Alcántara en este momento en México no estamos en condiciones para
implementar el sistema penal acusatorio, pues se carece de la
legislación secundaria y los estados en los que se ha puesto en marcha
lo han hecho de manera improvisada porque no existe capacitación de
abogados ni del personal judicial.
Por su parte, Salvador González Baltierra resaltó que para impartir
justicia de forma objetiva, imparcial e independiente no sólo basta con
una capacitación sobre las reformas constitucionales en derechos humanos
o los tratados internacionales sino también contar con ética.
En opinión de Joaquín González Casanova urge “una visión compartida”
sobre los fines que se persiguen en la administración de la justicia
federal, a fin de asegurar que sus decisiones “tengan rumbo” y no sean
condicionadas sólo por la coyuntura y “los intereses circunstanciales”.
En su turno, José Patricio González Loyola manifestó que “nos hemos
ocupado más de aspectos formales y necesitamos un cambio en la educación
de los juzgadores, así como en la operación del derecho”.
En su turno, Martha María del Carmen Hernández Álvarez aclaró que como
subprocuradora general del estado de México --cuando ocurrió el caso
Paulette-- no llevó a cabo “ni una sola actuación de ese expediente”,
pues lo que tenía bajo su responsabilidad en la procuraduría era
solamente el desempeño jurídico y la implementación de juicios orales.
Aseguró que su papel se limitó al área jurídica y “soy absolutamente
responsable de todos los actos, respondo por todos ellos en todos los
ámbitos y me pongo a consideración de ustedes”, porque “cómo podría
integrar yo un órgano que es auxiliar de la comisión de administración
de justicia del Consejo de la Judicatura Federal si no tuviera calidad
moral para hacerlo”.
A su vez, Elías
Huerta Psihas dijo que de llegar a ser elegido como consejero
impulsaría un sistema de prevención y protección para jueces y
magistrados en materia penal, así como ampliar los controles de
confianza para evitar que se infiltre el crimen organizado en el Poder
Judicial.
El ex procurador general
de justicia del estado de Morelos, David José del Carmen Jiménez
González, aseguró que es el “momento oportuno” para fortalecer el área
jurisdiccional de ese órgano, que permita sancionar las conductas de
jueces y magistrados que violen el marco legal.
Respecto al tema de rendición de cuentas, Héctor Rodolfo Lara Ponte
planteó una serie de acciones para implementar mecanismos de supervisión
e incidir en el acceso a la información.
Además, sugirió fortalecer la autonomía de los impartidores de justicia, a fin de incrementar los niveles de confianza.
En tanto, Carlos Fernando Matute González consideró que el Senado puede
contribuir institucionalmente en el rumbo de la justicia en el país,
pues el consejero que designará será la expresión de la visión que ese
órgano legislativo tiene respecto a la política judicial, además se
fortalecería al Consejo “en una etapa crítica en la consolidación de las
reformas constitucionales en materia de juicio de amparo y de derechos
humanos”.
Por último, Jorge Mier y
de la Barrera afirmó que de ser elegido llevaría a cabo una estrategia
que permita transitar a un Consejo más eficiente, transparente, que
ejerza correctamente sus recursos y estructuras, a efecto de que los
impartidores de justicia puedan desarrollar de manera adecuada una
carrera judicial
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