Exigen intervención urgente de la justicia en Río Bravo tras denuncia de violencia y presuntas omisiones judiciales

Exigen intervención urgente de la justicia en Río Bravo tras denuncia de violencia y presuntas omisiones judiciales

David García.

​Río Bravo,  Tamaulipas.-Con un llamado urgente a las instituciones de impartición de justicia del estado, Georgina Cardín, denunció públicamente haber sido víctima de violencia por parte de su expareja y expuso una red de presuntas irregularidades procesales al interior del Juzgado de Instancia Civil y Familiar del municipio, a cargo de la jueza Perla Patricia Hernández Quintero.

​De acuerdo con el testimonio de la afectada, desde su primera comparecencia ante el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), su proceso ha estado marcado por la revictimización y la minimización de los hechos. 

A pesar de existir antecedentes documentados de violencia psicológica y económica, las instancias iniciales desestimaron la gravedad del caso bajo el argumento de que la agresión no escaló al plano físico.

​Tras visibilizar su situación en el espacio público, al menos otras ocho mujeres se sumaron al reclamo colectivo, documentando presuntas anomalías y dilaciones en sus respectivos litigios familiares radicados en el mismo juzgado y bajo la misma adscripción judicial.

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La denunciante advirtió además sobre un escenario de vulnerabilidad jurídica y posible coacción externa, luego de que el equipo legal que la representaba decidiera abandonar su defensa de manera repentina tras hacerse pública la denuncia inicial.

​El caso pone nuevamente bajo la lupa la actuación de los operadores judiciales en la región fronteriza, toda vez que la madre de familia acusa a la jueza Hernández Quintero de omitir los protocolos obligatorios de protección a la infancia y de ignorar los estándares internacionales de perspectiva de género, fundamentales en asuntos de guarda, custodia y violencia vicaria.

​Ante este panorama, la afectada reiteró la exigencia de medidas cautelares efectivas y garantías de seguridad física y jurídica para ella y su hijo, mientras organizaciones sociales y colectivos feministas exigen una fiscalización exhaustiva por parte del Consejo de la Judicatura del Estado.