Actividades Legislativas.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al Ejecutivo
federal y a la Secretaría de Gobernación a garantizar la continuidad de
certificación de los cuerpos policiacos por la vía de los controles de
confianza.
De igual forma, para dar a conocer el programa de reestructuración de
las áreas operativas y de inteligencia que estaban adscritas a la
extinta Secretaría de Seguridad Pública.
En un punto de acuerdo aprobado como de urgente y obvia resolución, los
legisladores avalaron exhortar a los gobiernos de los estados para que
redoblen esfuerzos en las evaluaciones de control de confianza y dar de
baja a quienes no aprueben, además de sancionar a los funcionarios que
no acaten los resultados.
El diputado Fernando Rodríguez Doval (PAN) impulsor de la propuesta con punto de acuerdo, recordó que ante el debilitamiento de la Policía Federal, el entonces presidente Felipe Calderón emprendió la tarea de aplicar exámenes de control de confianza a los elementos de las policías Federal y Ministerial, creándose para ello el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza.
El diputado Fernando Rodríguez Doval (PAN) impulsor de la propuesta con punto de acuerdo, recordó que ante el debilitamiento de la Policía Federal, el entonces presidente Felipe Calderón emprendió la tarea de aplicar exámenes de control de confianza a los elementos de las policías Federal y Ministerial, creándose para ello el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza.
Mencionó que las recientes modificaciones planteadas por el Ejecutivo y
aprobadas por el Congreso de la Unión, en torno a la desaparición de la
Secretaría de Seguridad Pública, a partir de este jueves, y sus
funciones sean absorbidas por la Secretaría de Gobernación, no deben
poner en riesgo los avances en la certificación policial.
“Los legisladores del PAN velaremos para que los avances logrados en
administraciones pasadas se mantengan y se refuercen. Consideramos de
suma importancia dar continuidad a políticas públicas exitosas”.
Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el senador Arturo
Zamora Jiménez (PRI) destacó que el proceso de certificación llevado a
cabo en los últimos años no es el producto de la genialidad de una
persona, sino del trabajo del Congreso de la Unión desde 2008, cuando
elaboraron un proyecto importante.
Mencionó que el Congreso aprobó recientemente continuar con el proceso
de certificación al comprender los alcances e importancia de contar con
policías eficientes, eficaces y que no estén infiltradas ni por la
delincuencia organizada ni por los delincuentes del orden común.
“Estamos de acuerdo con este proceso de certificación, también
coincidimos en que la Secretaría de Gobernación informe sobre la
reorganización de las funciones de seguridad pública”.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) destacó que el
tema de la certificación es medular. Nos parece, dijo, que el plazo que
se dio de 10 meses tiene que seguirse a detalle. Agregó que no sólo se
trata de saber quién pasa o no el examen, sino qué ocurrirá con aquellos
elementos que causen baja.
El diputado Ricardo Cantú Garza (PT) mencionó que el proceso de
certificación de los cuerpos policiacos aún no está consolidado y prueba
de ello son los casos donde integrantes de las distintas corporaciones
siguen siendo corrompidos por el crimen organizado. Lo anterior, abundó,
cobra mayor relevancia con los cambios que propuso el Ejecutivo al
desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública para que sus funciones
sean absorbidas por la Secretaría de Gobernación.
La senadora Gabriela Cuevas Barrón, avaló la propuesta y sugirió
exhortar a los gobiernos de las entidades federativas que por conducto
de los centros de Evaluación y Control de Confianza redoblen esfuerzos y
practiquen a la brevedad las evaluaciones a todos los integrantes de
las instituciones de seguridad pública. Así como a terminar el proceso
de baja de aquellos integrantes que no hubieran aprobado, lo que fue
avalado por el Pleno.
El senador Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, manifestó que el tema de la
vinculación de los mandos policiacos, de la policía en general o de
funcionarios de alto nivel con la delincuencia organizada es algo que
pareciera ser común en este país. “No estamos exentos de saber que casi
todos los ayuntamientos están desobedeciendo la Ley de Seguridad Pública
para dar de baja a un mando o un policía que reprueba el examen de
control y confianza”.
Dijo que más allá de los exhortos es necesario ser más contundentes, por
lo que propuso una adición al punto de acuerdo para sancionar, conforme
a la Ley de Seguridad Pública, a los funcionarios que no acaten los
resultados que arrojen dichos exámenes de control y confianza. Esta
propuesta también fue aprobada.
En tanto, el senador Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM, consideró que
al consolidarse la nueva estructura de la Secretaría de Gobernación, se
visualiza una estrategia diferente. Es necesario, abundó, hacer una
revisión de la situación jurídica y de las formas de actuación de las
policías, así como de sus necesidades de capacitación y equipamiento
para su fortalecimiento.
Sostuvo que la seguridad debe ser una política de Estado, “pero también
una política popular sustentada en un gran consenso nacional. Acciones
como la ampliación del plazo para certificar a las policías del país y
la transferencia de la policía federal y el mecanismo de inteligencia
denominado Plataforma México a la Secretaría de Gobernación, forman
parte de una profunda revisión de la estrategia de seguridad pública que
ha dejado más de 60 mil muertos en lo que va en los últimos años”.
Silvano Blanco Deaquino, del PRD, señaló que la estrategia de seguridad
implementada por el anterior presidente tuvo un rotundo fracaso, por lo
que al actual jefe del Ejecutivo no puede exigírsele que dé resultados
en tan breve plazo, “pero la idea de certificación de las policías
estatales y municipales debe continuar”.
De igual forma, demandó un mayor respaldo del gobierno federal a los
estados y municipios para los procesos de certificación, toda vez que
carecen de los recursos suficientes para concluirlos. Añadió que la
inseguridad no se resolverá si no se va de la mano con actuar en contra
de la corrupción.
Al término de la sesión se citó para la que tendrá lugar el próximo miércoles 9 de enero a las 11:00 horas.
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